Hace unos días se celebró el día del preso político y algo mencioné sobre que no se visibiliza a las presas políticas. Pero tampoco se mira a las mujeres presas que lo están por delitos NO relacionados por su activismo sino por hechos delictivos relacionados con la pobreza y la violencia en la que viven (homicidio, robo y narcomenudeo). Traigo a colación esta situación por la campaña que se está realizando en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal a favor de las presas de Perú y percatarme que la situación de las mujeres presas no es muy distinta en Latinoamérica.
Hay investigadoras ( Cristina Palomar, Aída Hernández, Elena Azaola) que coinciden que las cárceles están pobladas mayormente por mujeres pobres e indígenas por lo cual sostienen la tesis de un patrón de encarcelamiento en el cual “a la par que el género, la raza y la clase siguen caracterizando a las poblaciones que habitan los sistemas penitenciarios en el mundo” como afirma Palomar.
Durante el trabajo de campo que realicé en el penal de San Cristóbal de Las Casas pude constatarlo desde el primer día de visita, al observar marcas corporales tales como su color de piel o vestidos tradicionales que denotaban su origen indígena.
Posteriormente se corroboró que un elevado porcentaje de presas son de origen indígena, principalmente tseltal y tsotsil, y el resto está conformado por mestizas de clase social baja. Su perfil lo confirma: en su gran mayoría sólo tienen niveles básicos de educación o son analfabetas o monolingües, es decir, son hablantes de su lengua materna indígena.
Interior del CERSS 5. Foto: Cortesía Evangelina Cruz
Cabe resaltar que en el caso de las mujeres presas en este penal, si bien se repite la constante a nivel nacional en cuanto a los delitos mayormente cometidos (homicidio y robo) se hace notar igualmente el impacto de la denominada Guerra contra el narcotráfico por la alta incidencia de los delitos contra la salud.
Esto significa el transporte y entrega de droga o introducción de la misma a penales, para lo cual las mujeres hacen uso explícito de su cuerpo como medio para cometer el delito, algunas veces, según declararon ellas mismas, obligadas por sus cónyuges o por decisión propia al ser la única alternativa ante la pobreza extrema en la que vivían ellas y sus hijos/as.
No se trata de ser deterministas en cuanto al patrón de encarcelamiento, pero para hablar de delincuencia femenina existen diversos factores que no se pueden soslayar: las condiciones de las mujeres y las determinaciones sociales y culturales del delito, así como sus condiciones sociales, familiares, políticas y económicas que determinan la vida de las mujeres, su acceso al bienestar y su relación con los hombres.
Al hacer una revisión de las investigaciones con mujeres presas encontramos coincidencias en cuanto a la relación del delito y su contexto social y económico. Por ejemplo, en el caso de mujeres acusadas por delitos contra la salud tiene como trasfondo la creciente y profunda pobreza a nivel mundial aunque ha impactado más duramente en los países latinoamericanos donde las brechas de desigualdad económica ya eran profundas pero se agudizaron en las últimas décadas.
Esta creciente pobreza ha hecho que las redes de narcotráfico pongan en bandeja de plata la oportunidad a las mujeres de continuar con sus labores domésticas social e históricamente asignadas por un sistema social heteronormativo, y a la par, ganar ingresos que por lo general son para la manutención de la familia.
No obstante bien es sabido que las mujeres que participan en el narcotráfico ocupan el último eslabón en la comercialización y son las más vulnerables a ser detenidas, violentadas y encarceladas.
En México, el Congreso de la Unión reportó en un informe reciente que en los últimos 5 años, se incrementó el número de mujeres que han sido privadas de su libertad en un 19.89%, en contraste con un 5% de aumento entre la población masculina, la principal razón del aumento tiene que ver con su participación en el narcomenudeo.
Si bien los tipos delictivos varían con respecto a los que predominaban hace algunas décadas, los motivos siguen siendo los mismos. El transporte de pequeñas cantidades de droga, por el que se les denomina “burras” o “burreras”, ha venido a ocupar el lugar del robo y éste es uno de los delitos mayormente cometidos por mujeres, además de los delitos contra la salud (narcomenudeo) como se ha expuesto líneas arriba, junto al rapto, el secuestro y la explotación de menores, así como el maltrato a menores, abandono, infanticidio y filicidio.
De igual forma cuando las mujeres delinquen, las circunstancias que rodean el delito son percibidas en términos discriminatorios. En Chiapas, no es la excepción, la abogada y defensora de los derechos de la mujer Martha Figueroa Mier expuso de esta manera la situación de las mujeres en prisión:
“Varias de las mujeres que hemos logrado liberar, vieron violado el principio de debido proceso, prueba idónea, principio de igualdad y no discriminación, además de ser sometidas a torturas, tratos crueles e inhumanos dentro de la prisión, algunas sin saber de qué o por qué se les detenía… si no saben hablar español no cuentan con abogado o traductor… reciben sentencias injustas además
de impropias o exageradas… sobre todo cuando son mujeres sin recursos”.