El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar emitió un comunicado –una inserción pagada con recursos públicos en diferentes medios de comunicación- en el que manifiesta su posición en contra de la adopción homoparental.
“Creo en la tolerancia, el respeto a las libertades y a los derechos humanos y civiles, pero también creo en la familia como la célula de la sociedad y en el rol natural de la mujer y del hombre” dice de manera textual el comunicado refiriéndose a una declaración del legislador del PVEM.
“No obstante Ramírez Aguilar fue muy puntual en precisar su postura en contra de la adopción homoparental, toda vez que transgrede los derechos de las y los niños de crecer en una familia y contar con la protección de un padre y una madre” dice el boletín de prensa que fue difundido en distintos medios de comunicación.
Para el diputado sólo existe un tipo de familia en donde están el papá, la mamá y los hijos biológicos. El posicionamiento no sólo discrimina a la población Lésbico-Gay, sino a todas las familias diversas: las conformadas por solo la madre o el padre; las que hemos decidido no tener hijos biológicos; las que están integradas por personas que no tienen un lazo sanguíneo o va más allá del parentesco del primer grado. En su corta visión del legislador la única familia posible es la tradicional.
El diputado insiste en su posicionamiento de que el Congreso del Estado lo que busca es proteger el derecho de los niños y las niñas, sin embargo esto no les preocupó a las y los legisladores cuando decidieron no otorgar ni un solo peso para el funcionamiento del recién creado Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
No les ha importado dejar sin presupuesto al 82.3 por ciento de las niñas, niños y adolescentes en Chiapas que viven en condiciones de pobreza. Es difícil creerles que, realmente, les preocupa la niñez en el estado con estos datos.
En Chiapas –lo sé de cierto, no de que lo supongo- no hay largas filas para adoptar a los niños y niñas, mucho menos cuando tienen más de tres años, tampoco el procedimiento es lo más fácil y es entendible. Los padres adoptivos, a diferencia de los biológicos, tenemos que demostrar que somos buenos padres antes de serlo. La situación no es fácil.
Eduardo Ramírez Aguilar habla desde sus prejuicios y no desde el conocimiento y razonamiento. Me preocupa su posicionamiento, pero me hace más ruido el silencio de los otros 39 legisladores, que nada han dicho sobre este comunicado.
¿Es la posición de todo el Congreso Local? ¿Van a esperar hasta que sea un mandato federal las reformas a la Ley del Código Civil en Chiapas para permitir el matrimonio igualitario? ¿Realmente, van a dejar que Eduardo Ramírez haga que toda la legislatura pase a la historia como la que se negó a respetar los derechos ganados por la población lésbico-gay?
Como que si el posicionamiento por sí solo no fuera ya suficiente para ser violatorio a los derechos humanos, este se hace al otro día del multiasesinato homofóbico en Orlando, Florida. Mientras el mundo entero está condenando estos hechos, al legislador de Chiapas se le da por emitir pronunciamientos que al final del día atentan contra la integridad de la población lésbico-Gay, refuerza estereotipos y prejuicios sobre ellos.
Las posiciones que están en contra de la adopción entre parejas del mismo sexo están basadas en creencias religiosas y prejuicios y no en el respeto a los derechos humanos y ni siquiera me refiero sólo al de las personas que quieren adoptar, sino de los niños y niñas quienes no tienen una familia.
Se da por un hecho que un heterosexual es una buena persona y capaz de criar a un hijo o hija y que un homosexual no lo es, lo que es altamente discriminatorio y violatorio a las Leyes que nos hacen a todas las personas iguales.
Mi objetivo no es convencer a las y los inconvencibles, sino dejar en claro que este tema se trata de respeto a los derechos humanos y las garantías individuales no se regatean ni se consultan. Se respetan. No hay de otra, salvo que se quiera ser un declarado violador a los derechos humanos de una parte importante de la población.