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Tortura sexual, práctica común de las fuerzas de seguridad

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Por: Anayeli García Martínez/ Cimacnoticias
A 10 años de la tortura sexual perpetrada por agentes federales y estatales contra 27 mujeres en operativos policiacos en las localidades mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco –cuyos habitantes se oponían como hasta ahora a la construcción de un aeropuerto–, siguen saliendo a la luz casos similares que demostrarían que en México la violación sexual es una práctica común contra las mujeres por parte de fuerzas de seguridad.

Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza si el Estado mexicano es responsable o no de la tortura sexual contra 11 de las 27 mujeres que decidieron denunciar ante el Sistema Interamericano, las organizaciones civiles siguen documentando casos similares.

De encontrar indicios de responsabilidad, la CIDH podría remitir el caso Atenco a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el máximo tribunal continental que en 2009 ya condenó a México por dos casos de violación sexual en contra de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violentadas sexualmente por militares en 2002, en el estado de Guerrero.

La CoIDH ha emitido tres condenas por violación sexual como forma de tortura: dos contra México y una contra Brasil; y aunque no hay plazo para conocer la decisión de la CIDH respecto al caso Atenco, este es el tercer hecho de violación sexual cometida por agentes del Estado mexicano que se ventila ante una instancia internacional.

La CIDH analiza este caso de tortura sexual como una acción que se usó contra las mujeres que protestan por la reivindicación de sus derechos, y es que en los operativos de hace una década hubo 207 detenidos, la mayoría gente que estaba apoyando a un grupo de floricultores que serían desalojados del Mercado Belisario Domínguez, aunque otras personas detenidas no participaron en la movilización social.

Las sobrevivientes denunciantes son Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

El caso llegó hasta la CIDH porque el 4 de abril de 2007 la Procuraduría General de Justicia del Estado de México archivó la averiguación. Ante esta falta de justicia, el 29 de abril de 2008 las sobrevivientes solicitaron al organismo analizar el caso a fin de buscar justicia a nivel internacional.

Aunque la CIDH sólo actúa cuando se agotan los mecanismos nacionales, el órgano interamericano decidió aceptar la solicitud ante la dilación e ineficacia de las instancias mexicanas.

Leer más en: http://cimacnoticias.com.mx/node/72521

Revista Enheduanna

 

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