COMUNICADO DE PRENSA
Como organización defensora de los derechos humanos, hacemos un llamado a las autoridades del Estado de Veracruz, específicamente, al Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y al Congreso Estatal.
Exigimos que en cumplimiento de su deber como servidores públicos, implementen de manera pronta, efectiva y cabal, las recomendaciones de la primera declaratoria en el país sobre Agravio Comparado, la cual reconoce y evidencia el grave problema de violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres, tanto en el marco normativo –por su carácter discriminatorio- como en las políticas públicas que no garantizan el acceso a los servicios seguros de interrupción legal del embarazo, lo que pone en riesgo la vida de las mujeres.
Para ello, las autoridades deben de regir el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) – a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)- bajo los principios planteados en el artículo primero constitucional, el cual establece el principio propersona, es decir que: “las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas y su protección más amplia”. Así como la progresividad en materia de derechos humanos, como una de las obligaciones de protección frente a las actuaciones de la autoridad judicial, legislativa o administrativa.
Las autoridades no pueden regirse bajo ideologías fundamentalistas que no garantizan el Estado Laico, ni por “verdades absolutas” que niegan las diversas realidades y no garantizan los derechos humanos, mucho menos los derechos de las mujeres. Es inviable pretender elaborar leyes y políticas públicas basándose en fundamentalismos religiosos que impiden y niegan las diversas realidades que ponen en riesgo la vida e integridad de las mujeres.
México, al ser un Estado laico debe salvaguardar una cultura laica respetuosa de la pluralidad y de las libertades. Ésta es una condición necesaria para la convivencia armónica, el respeto de los derechos humanos, incluyendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y la aceptación social y política del pluralismo[1].
La realidad que mostró el informe del grupo de trabajo de la CONAVIM ha sido ignorada por las autoridades a pesar de que la información muestra que entre 2015 y 2016 más de mil niñas fueron madres luego de una violación sexual. La violencia feminicida continúa incrementando y la respuesta es la impunidad; las muertes maternas que violentan el derecho a la salud y vida de las mujeres es una problemática que se minimiza y que no es atendida.
Como defensoras de los derechos de las mujeres, exigimos que en Veracruz se nos reconozca como personas sujetas de derechos y no como objetos desechables destinadas únicamente a la reproducción, sin importar las afectaciones que conlleva para nuestra vida y nuestra integridad. Es intolerable que se juegue con la vida de las mujeres poniéndolas en riesgo y vulnerando su vida y derechos elementales.
Las autoridades están obligadas a cumplir con las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres por Agravio Comparado de la CONAVIM. De no cumplir con ello, agotaremos todos los recursos legales tal como se hizo en el Estado de México para que se cumplan las recomendaciones que establece la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las mujeres.
Como organizaciones no gubernamentales reiteramos nuestra exigencia del cumplimiento de las recomendaciones realizadas al Gobierno del estado, pues, dicha omisión sentaría también un retroceso para los derechos de las mujeres en México.
Las organizaciones no daremos un paso atrás en esta lucha; no cesaremos hasta que no veamos materializados nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Atentamente:
GRUPO DE MUJERES DE SAN CRISTÓBAL LAS CASAS, A. C, Septiembre 27, 2017.
LICDA. MARTHA GPE. FIGUEROA MIER
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