Lleva tres años, casi 7 mil fojas de expediente y 25 amparos promovidos en la búsqueda de justicia. A los 14 años y tres meses, la hija menor de Odina de Jesús Tum, originaria del estado de Tabasco sufrió abuso sexual de parte del entrenador cubano del equipo de basquetbol, Félix Miguel Rojas Romero.
Rojas Romero fue designado entrenador de la selección juvenil de basquetbol por el Director General del Instituto del Deporte de Tabasco, Carlos de Jesús Dadgdug Nazar, a pesar que en febrero del 2013, el Instituto Nacional de Migración, Delegación Tabasco, le negara la estancia regular en el país.
Félix Miguel se valió de sus conocimientos en masajes deportivos para adormitar a la víctima, quien era seleccionada basquetbolista, para poderla tocar en contra de su voluntad, además de intentar desvestirla, como pudo la niña se puso a salvo de este sujeto y procedió a contarle todo a su padre y madre.
Sin embargo, cuando acudieron a hacer la denuncia a las autoridades correspondientes, la fiscal del Ministerio Público de Tabasco, Michel López Morales minimizó los hechos, debido a que no se trató de una “violación sexual” sino de un simple “abuso sexual”.
López Morales limitó su actuar a la declaración de la menor, negó recibir testimoniales del padre y la hermana de la víctima, no aseguró el lugar de los hechos y los archivos del Instituto de Deporte de Tabasco.
Los errores de las fiscales, se han convertido en inconveniencias aprovechadas por el procesado Rojas Romero, quien en ese entonces, vivía a escasos metros del domicilio de la víctima.
En el Poder Judicial del Estado de Tabasco la jueza, Thelma Elena Lastra Osorio, reprodujo los vicios de las fiscales, respecto a la asistencia consular al procesado, valoración de pruebas ofertadas por la parte víctima dentro del término constitucional, decreto formal prisión por el delito de Abuso Sexual Simple, favor que aprovechó el procesado para alcanzar libertad provisional bajo fianza, por veinte mil pesos.
Aún cuando el Código Penal del Estado de Tabasco en su artículo 156, establece pena de dos a seis años de prisión al que sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto erótico sexual.
El 158 remarca “Las penas previstas en los artículos anteriores se incrementarán en una mitad cuando se empleare violencia, se cometa el delito por varias personas, sea el medio para generar pornografía infantil, exista relación de autoridad, de hecho o de derecho, entre el inculpado o imputado y la víctima, o aquél aprovecha, para cometerlo, los medios o circunstancias del empleo, oficio o profesión que ejerce” es decir, la pena se agrava toda vez, que el entrenador tenía un cargo de autoridad sobre la niña víctima, es más, se aprovechó de sus conocimientos en masajes deportivos para adormecer a la menor.
El poder judicial del estado de Tabasco negó medidas de protección a la víctima, pese a que la distancia entre la casa del procesado y de la menor víctima son escasos 50 metros; ordenó careos entre la víctima y su agresor, atendió las peticiones hasta con 50 días de retardo, notificó resoluciones relevantes con un año de retardo, sumado que sus actuaciones evidencian desconocimiento de la normativa nacional e internacional que protegen a los menores.
Durante el proceso han pasado más de seis Fiscales del Ministerio Público, se han promovido más de 25 demandas de amparo, entre quejas, revisiones, inconformidades, apelaciones, denegada apelación y revisión de más de 50 recursos.
En su largo peregrinar, Ondina ha notificado al propio presidente de la república de su caso, a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Congreso de la Unión.
El caso se torna complicado, toda vez que el entrenador es protegido del ahijado del gobernador, el titular del Instituto del Deporte en Tabasco, quien aún conociendo del caso lo mantuvo en el cargo de entrenador, lo cual lo convierte en cómplice del abusador.
Tres años sin justicia y amenazada con ser despedida del trabajo
Ondina Tum trabaja en el poder judicial desde hace 30 años, actualmente es coordinadora del Área civil del Comité de Compilación de Tesis, sin embargo, como represalia a su denuncia constante por falta de justicia, el magistrado presidente del poder judicial, Jorge Javier Priego Solís, la ha acosado, aislado y discriminado y recientemente lanzaron una iniciativa para desparecer su área de trabajo.
El estrés que ha generado esta situación ha traído en Ondina y su familia, vulnerabilidad económica y deficiencias en su salud que cada día se agravan más, ante un clima de injusticia.