La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007), en su artículo 6, fracción IV, define la violencia económica como «toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral». Esta forma de violencia suele pasar desapercibida ya que no deja rastro visible como las agresiones físicas y suele manifestarse en el ámbito familiar.
Cuando hay una dependencia económica con el cónyuge o concubino, se impide tomar decisiones sobre la economía del hogar o se exige dar cuenta a la pareja acerca de todo lo que se gasta, incluso si la persona afectada gana sus propios recursos o asume sola el cuidado y la manutención de los hijos. Esto puede conducir al aislamiento y angustia por la satisfacción de necesidades personales y/o familiares.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, 13.4 millones de mexicanas han sufrido violencia económica en algún momento de sus vidas, lo que representa el 29% del total de mujeres mayores de 15 años. Debido a estas cifras alarmantes, es necesario realizar acciones para prevenir y combatir esta forma de violencia tan perjudicial para las mujeres.