Los derechos de las niñas, niños y adolescentes son fundamentales para el desarrollo de una sociedad equitativa y democrática. La Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, establece los principios universales para la protección de los derechos infantiles. Estos principios incluyen el derecho a la supervivencia, al desarrollo físico, mental y social, así como el derecho a expresar libremente sus opiniones.
En México, el Artículo 4º de la Constitución elevó a rango constitucional los derechos de niñas y niños, reconociendo su derecho a la salud, alimentación, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Esta reforma permitió la creación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar estos derechos tanto en el ámbito público como privado.
Los Estados tienen la obligación de velar por el interés superior de la infancia y tomar decisiones que tengan en cuenta los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Promover un ambiente que respete y garantice los derechos humanos infantiles es fundamental para lograr una sociedad donde todos puedan vivir con libertad y dignidad.
Los derechos de las niñas, niños y adolescentes son fundamentales para el desarrollo de una sociedad equitativa y democrática. La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, establece los principios universales para la protección de los derechos infantiles. Estos principios incluyen el derecho a la supervivencia, al desarrollo físico, mental y social, así como el derecho a expresar libremente sus opiniones.
En México, el Artículo 4º de la Constitución elevó a rango constitucional los derechos de niñas y niños, reconociendo su derecho a la salud, alimentación, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Esta reforma permitió la creación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar estos derechos tanto en el ámbito público como privado.
Es responsabilidad del Estado velar por el interés superior de la infancia e implementar políticas que tengan en cuenta los derechos humanos infantiles. Estas medidas contribuirán a mejorar las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes en nuestra sociedad, permitiéndoles vivir con libertad y dignidad. Además es necesario promover un ambiente que respete sus derechos para garantizar su seguridad e inclusión social.