David Vásquez/Gabriela Medina/Carolina LanderosCoolaboración
El termino mujer “trans” es utilizado para hacer referencia a quienes biológicamente han nacido hombres pero cuya identidad y expresión de género no corresponde con las características que la sociedad les ha impuesto al sexo con el que nacieron.
Dicho termino cubre una variedad de concepciones, sin embargo, el presente texto se enfoca en las mujeres transgéneros y transexuales. Las primeras son quienes no han alterado o que no desean cambiar los caracteres sexuales primarios con que nacieron y las segundas para quienes ya hicieron la transformación en su cuerpo.
Respecto a la situación en la que se encuentran las personas trans en una Entidad Federativa como Chiapas, que aún les niega derechos, Fanny Romero Argüello, presidenta de la Asociación Civil Diana Sacayan expresa: “Somos las olvidadas, las sin nombre, las mariposas sin alas en un jardín espinoso y empedrado”.
El reconocimiento de los derechos de dicha población, es una situación apremiante en la realidad contemporánea de nuestro país y de nuestro estado, pues la misma no debe continuar en el olvido de la agenda legislativa y de las políticas públicas debido a que son parte innegable de nuestra realidad social.
La negación al reconocimiento jurídico, social y político, se traduce en discriminación y violación a los derechos humanos que les impiden el acceso pleno a los mismos en igualdad de condiciones.
Cabe señalar que Chiapas carece por completo de referencia alguna sobre este grupo poblacional en su legislación. Situación que no es ajena al resto de la República Mexicana. Aunque si bien se hace imperante la prohibición de la discriminación, en la legislación local y Federal, por razones de sexo o preferencias sexuales, en realidad las mismas no van más allá.
“La exclusión que enfrenta la población transgénero en nuestro Estado, son sinónimo de los pendientes que existen en temas de igualdad y justicia social, y desde luego, es evidencia de una democracia incompleta” señaló el licenciado Arturo Alfaro, abogado experto en temas de la diversidad sexual y adscrito a la Dirección de Estudios, Proyectos y Atención a Organismos No Gubernamentales de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y agregó que “las personas transgenéricas y transexuales enfrentan la carencia y un gran obstáculo para la obtención de una identidad oficial reconocida por el Estado y la sociedad, que les permita la inclusión a oportunidades de desarrollo igualitario”
Un camino espinoso
“Desde pequeña, siempre me sentí mujer, y que mi cuerpo no me correspondía, me gustaba jugar con lo que las niñas de mi pueblo jugaban” nos comparte Fanny Argüello. Su historia, es similar al de muchas mujeres trans que se sienten en el cuerpo equivocado y que inician un proceso difícil para asumir la identidad deseada.
Fanny Argüello, es Licenciada en Administración de Empresas, sin embargo desde que hizo las modificaciones a su cuerpo para la concordancia sexo-genérica, no ha tenido las oportunidades para acceder al espacio laboral de acuerdo a su carrera. Ella narra que trabajaba en un Banco en Oaxaca, y cuando decidió emprender el camino como mujer fue despedida.
Debido a la situación de discriminación y la falta de oportunidades en la que se encuentran las mujeres trans en Chiapas, un grupo de ellas, deciden fundar en Tuxtla Gutiérrez la Asociación Civil Diana Sacayan, con el objetivo de defender, difundir y promover los derechos humanos de las mujeres transgéneras y transexuales. Actualmente dicha organización cuenta con un aproximado de 100 mujeres afiliadas que buscan hacer incidencia para el reconocimiento de todos sus derechos.
“Un derecho que en Chiapas no tenemos reconocido las mujeres transexuales y transgéneros, es la identidad, pues si yo quiero cambiarme el nombre que aparece en mi acta de nacimiento a mi nombre de mujer, no cuento con el respaldo legal para ello” señaló Tevea Dilery.
De acuerdo a la “primera Encuesta de Salud con Seroprevalencia de VIH a Mujeres Transgénero en la Ciudad de México” realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en 2013, se observa que como resultado de la falta de documentación oficial, la población trans vive en el desempleo, y esto a su vez las relega a tres situaciones: labores de estilismo, participación en shows travestis y el trabajo sexual. Dicha encuesta advierte que “62% de las mujeres trans en sitios de encuentro afirmó ser trabajadora sexual.
Es decir, la negación a la identidad de esta población, les genera exclusión de oportunidades laborales. En ese sentido, únicamente la Ciudad de México, desde 2008, cuenta con la posibilidad de tramitar una nueva acta de nacimiento con la identidad de género y sexual de la persona transgénero. Sin embargo, en un principio los altos costos del trámite, que incluían un juicio donde se tenían que aportar peritajes médicos, podían llegar a los 50 mil pesos, lo que en consecuencia hacía casi imposible el acceso al documento oficial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2009, expresó a través de una tesis aislada que tratándose de la reasignación del sexo de una persona transexual es necesaria la expedición de nuevos documentos de identidad, a fin de lograr el estado de bienestar general pleno que aquel derecho implica y de negarse ese derecho se afecta determinantemente el estado emocional o mental y, de ahí, el derecho a una salud integral de la persona.
Es importante señalar que además de los Organismos Públicos Autónomos de Derechos Humanos como la Comisión Nacional o Estatal de los Derechos Humanos o el CONAPRED, la Secretaría Municipal de la Mujer de Tuxtla Gutiérrez brinda atención a las mujeres Trans, y esto cobra relevancia tratándose de una institución que en principio ha sido creada para mujeres cisgénero, y que sin embargo atendiendo a la protección más amplia ha extendido el alcance de sus actividades.
En Chiapas, los retos no son minúsculos, pues no existen avances sustanciales en materia de reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres transexuales y transgéneros ni armonización legislativa en el tema, es decir, pese a la reforma constitucional del 2011 en materia de Derechos Humanos, aún existen obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos y para hacerlos efectivos, se debe judicializar el reclamo en un proceso que resulta desgastante para las personas.
“A los adolescentes que en estos momentos están iniciando un proceso de transición, yo les diría que no están solas, que acá afuera habemos personas que estamos luchando por hacer pleno el reconocimiento de sus derechos, que somos muchas y que todas las voces y todos los esfuerzos en conjunto lograremos mucho” Concluyó la presidenta de Diana Sacayan A.C.
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*Este reportaje fue realizado como parte del trabajo final del Diplomado Periodismo de Género y Derechos Humanos, auspiciado por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez con la certificación de la Universidad Autónoma de Chiapas.