POR: ELIZABETH PATRICIA PÉREZ
El 2018 fue un año para muchos de gran trascendencia para los cambios que subyacen en una nueva fuerza política que gobierna a una gran mayoría de los estados y municipios de nuestro país.
La consolidación de varios programas sociales se visualizan como las puertas para comenzar con un Desarrollo Social, hasta entonces situado en el simple discurso, que auguran una equiparación de oportunidades y equidad social para todos y todas, en donde no importarán las clases sociales, el sexo, las preferencias sexuales, la condición física y la INCLINACIÓN religiosa o política.
En este sexenio se vislumbra una mayor aportación económica para rezagar la pobreza de los grupos vulnerables, y entre ellas, las Personas en Situación de Discapacidad (PSD). Hablar de la discapacidad nos sumerge a recordar rezagos y olvidos sociohistóricos que han hecho que esta población no cuente con las mismas oportunidades de quien no la vive; sin embargo, esta realidad no ha de generalizarse. En países como Argentina o España, hablar de la discapacidad en estos contextos es similar ha hablar de sujetos comunes a los otros, en el caso particular de la discapacidad visual, en ambos poseen una cultura hacia la inclusión, con la adaptación de sus entornos y la sensibilización para el trato y manejo de esta población.
Las periodistas Bárbara Anderson y Katia D’Artigues, quienes llevan la asociación civil «Yo También» que promueve los derechos de las personas con discapacidad (PCD), en su momento, cuestionaron al hoy actual Presidente de la República, cuál sería el actuar ante este sector.
Y estos fueron algunos de los comentarios realizados por el mandatario Andrés Manuel López Obrador:
2.- Según su punto de vista, ¿cuál es la principal problemática en torno a la discapacidad? Los indicadores socioeconómicos de nuestro país son reflejo de un modelo de desarrollo fracturado, no sólo por su incapacidad de generar crecimiento económico con equidad, sino por su renuncia a garantizar condiciones de inclusión plena de quienes son más vulnerables.
– Vivir con alguna discapacidad representa enormes dificultades y obstáculos: desde las barreras físicas hasta las culturales e institucionales, las cuales impiden el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, tal y como lo establece la Constitución. Nuestro diagnóstico es: La incompetencia u omisión de los servidores públicos responsables de aplicar la normatividad establecida en el respectivo órgano administrativo: la CNDH, el organismo encargado de monitorear la correcta aplicación de la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (instrumento aprobado por la ONU el 13 de diciembre de 2006 entrando en vigor el 3 de mayo de 2008); designado para dicha tarea desde el año 2011 a la fecha, según datos de la misma institución pública, no llegan ni a 50 quejas atendidas de manera particular. En el ámbito nacional ha sido inexistente su interés para señalar la ineficiencia de las políticas públicas dispuestas en el programa nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad 2013-2018. Se destaca que esta institución garante forma parte de la junta de gobierno del organismo que el Estado Mexicano dispuso para la aplicación de la convención en cuestión.
La inaplicación de lo dispuesto en el art. 45 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, concerniente en la integración de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, organismo que tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la Ley de mérito y demás ordenamientos.
Este organismo descentralizado no ha sido llamado a cuenta por el Congreso de la Unión, no ha cumplido con lo dispuesto Ley Federal de las Entidades Paraestatales en lo que en su competencia le mandata. La Secretaría de la Función Pública no ha emitido ningún pronunciamiento sobre las inobservancias en las que ha incurrido el CONADIS respecto a sus responsabilidades administrativas. El CONADIS tampoco ha sido sujeto de revisión y diagnóstico de la Auditoria Superior de la Federación pese a las inconsistencias en sus informes de los recursos etiquetados que maneja, los cuales le han sido dispuestos para el cumplimiento de su objeto. Más aún cuando en la presente administración este organismo ha acumulado diversos juicios y sentencias en su contra en el ámbito laboral y administrativo. Algunas de estas sentencias todavía serán sujetas del análisis de su legal cumplimiento…
2.- ¿Cuáles serían los primeros pasos a tomar en este sentido?
–La Asociación Armando un Camino de Vida, A.C. me ha propuesto y estoy de acuerdo, como alternativa de solución, la creación del Instituto de Atención a la Discapacidad, que opere a nivel nacional como un organismo que conjuntamente con la sociedad civil, tenga la responsabilidad de organizar, administrar y supervisar todas las acciones que permitan resolver la problemática que enfrenta la sociedad más vulnerable y que esté dirigido por personas con alguna discapacidad, para que se enfrente de cara a la adversidad y no se vea como un botín político con la corrupción que prevalece hasta el momento.
También es necesario que se actúe y que todas las leyes, los acuerdos internacionales que se expresan en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por parte de la ONU y que están firmadas por nuestro país, se lleven a cabo y que los tres órdenes de gobierno acaten y respeten lo que está plasmado en las leyes y decretos. La sociedad ya está harta de vivir en el país de la simulación y sobre todo que siempre están los dados cargados en contra de los más pobres, los más vulnerables, las personas discapacitadas.
Ahora bien, desde estas aseveraciones que hizo en su momento el actual presidente mexicano, sería importante reflexionar ¿Cómo los gobiernos locales lo están cumpliendo a más de cuatro meses en asumir el poder?, puesto que en municipios como San Cristóbal de las Casas, sí es necesario que exista una comisión en atención a las personas con discapacidad, que permita fomentar una cultura hacia la inclusión y promueva acciones tangibles en pro dea esta población, conforme a las leyes ya establecidas por organismos nacionales e internacionales y que han sido resaltadas por AMLO, así mismo, la necesidad de que se implementen auditorías por organismos externos que permitan evaluar la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones o dependencias que tengan por objetivo apoyar a las PCD, y en general evaluar las dependencias en relación al trato y manejo que se le da a sus usuarios con discapacidad.
Buscar avanzar en el tema de la inclusión social de las PCD implica promover y dar continuidad a las propuestas ya realizadas independientemente del partido político en la que se haya realizado y no de dar pasos al retroceso, citaremos el ejemplo que se suscitó en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas en donde a principios del mes de noviembre del 2018 en las instalaciones del DIF Municipal fueron retirados los señalamientos en el sistema Braille y LSM que buscaban ser referentes en el avance a la accesibilidad de información e infraestructura a sus usuarios, no obstante, bajo el discurso de “austeridad” y de “nulo funcionamiento” esta actual administración encabezado por MORENA reflejó la falta de información, sensibilidad y conocimiento que debe tenerse al hablar de discapacidad, y que una vez más podemos situarnos en el plano discursivo mas que en la acción misma.
De ahí el exhortar a las autoridades que sitúen una Comisión de Atención a las PCD con la finalidad de revisar que los recursos, las propuestas, las iniciativas, aunado a una supervisión del funcionamiento que regulan y promuevan los Derechos Humanos y así, se vislumbre como un precedente sociohistórico hacia las personas en situación de discapacidad.