Alina Martínez
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- En el marco del Día de acción global por el aborto legal, seguro y gratuito, el Fondo MARIA así como la Coordinación de Extensión Universitaria del Campus III de la UNACH, realizaron al foro “Derechos Sexuales y Reproductivos de las y los Jóvenes” en el teatro Manuel José de Rojas de la Facultad de Derecho el pasado 28 de Septiembre.
El Fondo María, que cuenta con embajadoras a lo largo y ancho del país, ha enfocado sus campañas de concientización a los estados con mayor atraso respecto al tema del aborto, entre los que se encuentra Chiapas, donde sólo existen tres causales de aborto y se estima que un aproximado de 600 mujeres abortan al mes; señalaron también que el municipio con mayor índice de mortalidad por interrupción de embarazos a nivel nacional es Chalchihuitán.
Aunado a que al parecer en México existimos mujeres de primera y segunda, las habitantes de la zona metropolitana y la provincia respectivamente, y la casi inexistente legislación que consta únicamente del Art. 181 del Código Penal del Estado de Chiapas, donde se establece que en caso de violación esta debe ser verificada en los siguientes noventa días a partir de la concepción; en caso de que corra peligro la vida de la madre o el producto sufra alteraciones genéticas o congénitas debe existir un dictamen del médico que la asista, aparte de otros médicos especialistas.
Durante el foro plantearon que las autoridades correspondientes se dedican a perder el tiempo durante las doce primeras semana de gestación para así poder evitar el aborto; así también es costumbre penalizar a quienes se presentan a las clínicas y hospitales incluso antes de ser atendidas y también a buscar trabas para aquellas que desean interrumpir la gestación.
En nuestra entidad, la mayoría de las presas por abortar son mujeres indígenas, de las zonas rurales; quienes no cuentan con recursos económicos, redes de apoyo, información sobre sus derechos sexuales y reproductivos y educación integral. Las víctima son torturadas psicológicamente en los centros de salud y acusadas de “homicidio en razón de parentesco” como si de matar a sus progenitores o hermanxs se tratara. El delito por aborto tiene una condena de 30 años de prisión, una pena fuera de la imaginación de quienes cuentan con recursos para acudir a un hospital privado.
Las tres causales contempladas por el Código penal de Chiapas son: violación, que corra peligro la vida de la madre y alteraciones genéticas o congénitas en el producto; y las penas son cuatro: trabajo comunitario, tratamiento médico integral, pena privativa de libertad y multas económicas. En este sentido, la tierra maya es una de las peores entidades para abortar, ya sea provocado o de manera espontánea.
En el foro organizado por las embajadoras de Fondo María, Yasmin Ovalle y Patricia Sánchez, quienes fueron apoyadas por autoridades de la Facultad de Derecho; señalaron que en el evento participaron también ICONDESI A.C., DDESER CHIAPAS, la Red Libre y Sororaria, la Red Nacional de Católicas por el Derecho a Decidir y el Colectivo Raíces.
“Las mujeres abortamos, con autorización o no lo seguiremos haciendo; no les estamos pidiendo permiso a los hombres o al gobierno, les estamos pidiendo las condiciones para no morir en el intento. No estamos obligadas a ser madres, no nos ilusiona interrumpir un embarazo pero somos nosotras quienes cargamos nueve meses el producto, quienes coartamos nuestros planes de vida por cumplir un rol social, quienes nos vemos en la necesidad de exigir un apoyo al que pone el esperma; es un asunto más sobre el que la sociedad quiere decidir, pero es nuestro cuerpo y por lo tanto nuestra decisión” coincidieron las participantes del foro.
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