ANTICORRUPCIÓN

La organización ciudadana es necesaria para evitar actos de corrupción

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Cuando Rosario Castellanos se refería a Chiapas decía que era esa “última bolita que se ve en el mapa”, esa región tan al sur, que llegó tarde a México, que fue el último estado en convertirse parte de esta República. A veces pareciera que estamos condenados a que todo nos llegue tarde, que no estemos a tiempo.

A Chiapas no nos termina de llegar el acceso total a la educación, la salud, los derechos más básicos y ahora tampoco nos llega lo que ha dicho el gobierno federal que es una de sus máximas prioridades: el combate a la corrupción.

En el 2016 entró en vigor la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Se estableció el plazo de un año para que se crearan y adecuaran las legislaciones estatales que darían vida a los sistemas locales anticorrupción. Sin embargo, han pasado más de tres años y hay entidades como Chiapas que no terminan con el procedimiento.

Si bien, hay otros estados que tampoco han concluido todo su proceso el que va más atrasado es Chiapas. ¿Por qué? El Congreso del Estado y en concreto la Comisión de Vigilancia no ha podido o no ha querido, hasta ahora, hacer todas las modificaciones y nombramientos que se necesitan para concretar el Sistema Estatal Anticorrupción.

No es que la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción por sí solo vaya a resolver un asunto complejo y arraigado, y que ocasiona más pobreza y desigualdad; pero es un paso hacía ese camino, es al menos hacer algo ¿Qué se está haciendo ahora? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué acciones afirmativas se están tomando? ¿Cuáles son las políticas públicas para prevenir y sancionar los actos de corrupción?

De acuerdo a los datos de la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a nivel nacional durante el segundo semestre de 2019, se estima que el 14.6% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, del cual 48.3 por ciento declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de éstos. Pero, Tapachula el porcentaje se eleva a 62.1 por ciento siendo el más alto a nivel nacional. Tuxtla Gutiérrez también está arriba de la media nacional con 56.1 por ciento.

La corrupción es un problema que se vincula, principalmente, al gobierno, pero que nos concierne a toda la ciudadanía porque a quienes afecta es a nosotros en la cotidianidad, mermando nuestra economía, debilitando la democracia, generando más desigualdad de ahí la gran necesidad de que la sociedad civil organizada se involucre en este tema.

La ciudadanía tiene que empujar para que no solo se constituya el Sistema Estatal Anticorrupción, sino para que funcione; la sociedad civil organizada debe de ser vigilante de que sean públicas las declaraciones patrimoniales y de intereses de todos los servidores públicos. Todo esto es posible y deseable. Podemos hacer que esa última bolita que se ve en el mapa no sea sinónimo de rezago, de quedar en el último lugar en los temas más importantes del país.

 

 

 

 

Revista Enheduanna

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