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MUJERES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

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La mujer, por el simplemente hecho de ser quien es, constituye un ente fundamental en la vida humana, social, política y cultural. Es bien sabido que históricamente los prejuicios y estigmas han limitado en gran parte a las mujeres en los diferentes contextos públicos y privados, la idea de ser el sexo débil, las ha colocado en desventaja social y personal, y con ello, ver limitadas sus oportunidades de desarrollo y superación, sin considerar que todos, independientemente del sexo, poseemos una parte débil, una parte de fragilidad y ello no quiere decir que no se deba o pueda participar en la edificación social, laboral y cultural.

Aunque actualmente, muchos grupos organizados, asociaciones, feministas, políticas públicas hacia la mujer etc. comienzan a reivindicar el papel que jugamos en la sociedad, la realidad es que las prácticas sociales aún distan mucho de lo planteado en las diferentes legislaciones federales, estatales y municipales.

En este sentido, las mujeres seguimos siendo parte de un sector vulnerable y en riesgo de sufrir diferentes tipos de violencia y abuso; ahora bien; no hay que olvidar a un subsector cuya vulnerabilidad se duplica y que para su reivindicación necesariamente hay que trabajar y multiplicar los esfuerzos.

Las mujeres con alguna discapacidad son “invisibles” en las estadísticas oficiales y en las investigaciones académicas; son una población excluida y la violación a sus Derechos Humanos (DH) es una constante, más cuando se trata de acceder a la salud o a la justicia.

Si bien México suscribió en 2008 la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la protección y aseguramiento de los DH de esta población –y en 2011 reformó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad a fin de garantizar el acceso a la justicia, la igualdad de género y el reconocimiento del lenguaje de señas—en la práctica esta población es la sexta más discriminada en el país, de acuerdo con datos oficiales.

En México, las mujeres representan el 51.1%, es decir, más de la mitad.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010 documentó que 37% de las y los entrevistados indicó que sólo en parte se respetan los derechos de las mujeres con discapacidad y 35% dijo que nunca se respetan estos derechos. La legislación nacional establece que es obligación de las instituciones del Estado recopilar información estadística que visibilice la situación de las mujeres con discapacidad, misma que debe traducirse en la formulación de planes, programas y políticas para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

El Sistema de Información en Discapacidad del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) no contiene suficientes datos desagregados por sexo, y el Inegi no está actualizado en los temas de discriminación y violencia.

En México, defensoras de DH presentaron en marzo pasado el “Diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres con discapacidad en el estado de Puebla”, el cual reveló que una de cada dos mujeres con discapacidad experimenta violencia dentro del hogar perpetrada principalmente por sus familiares (45%), seguido de la pareja y cuidadores, quienes las violentan en el 22% de los casos.

Areli Rojas León, coordinadora del diagnóstico e integrante de la Agrupación Juvenil Xonaca, observa que cuando las mujeres denunciaron la violencia, no se dio seguimiento a sus casos y no se les otorgaron canales de comunicación adecuados; es decir, no se les asignó un traductor ni les dieron materiales de difusión traducidos (en Sistema Braille en el caso de las mujeres con discapacidad visual, por ejemplo).

María Juana Soto Santana, responsable de la Comisión de Equidad de Género del Conadis, explica que la violencia en el núcleo familiar es una de las principales problemáticas que enfrentan las mujeres con discapacidad, la cual se agrava por una “sobreprotección” por parte de la familia que inhibe la denuncia.

La funcionaria también critica la falta de profesionalización y sensibilización de funcionarios y policías en las instancias judiciales, ya que “por desconocimiento y desinterés violentan los derechos de las mujeres con discapacidad, a quienes les restan credibilidad y minimizan sus declaraciones”.

Como se puede observar, a las mujeres en situación de discapacidad se les violenta aún más sus Derechos Humanos y sus garantías individuales, el cual se presupone que no cuentan para ellas, dadas sus condiciones físicas o mentales. Por tal razón, es necesario y urgente poner en marcha las políticas públicas que velan por el desarrollo humano y social de todos los individuos; y que el Día de la mujer sea y comience a ser días de transformación y de oportunidades para todas sin que las condiciones físicas, políticas, raciales, culturales y sociales sean un factor de discriminación para todas y todos, y con ello, comenzar a construir un mundo más equitativo cuyos resultados tan sólo será un mejor presente.

 

Revista Enheduanna

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