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Mujeres con discapacidades

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La mujer, por el simplemente hecho de serlo, es un pilar de gran importancia para un cambio  social, político y cultural. Es bien sabido que históricamente los prejuicios y estigmas han limitado en gran parte a las mujeres en los diferentes contextos públicos y privados. La idea de ser el sexo débil, nos han colocado en desventaja social y personal, con ello, vemos limitadas muchas oportunidades de desarrollo y de superación en los diferentes aspectos de la vida. Sin considerar que todos independientemente del sexo, poseemos una parte débil, una parte de fragilidad y ello no quiere decir que no se deba o pueda participar en la edificación social, laboral y cultural.

Aunque actualmente, muchos grupos organizados en encaminar y proclamar la equiparación de oportunidades, lo real es que los derechos de miles de mujeres distan de ser respetadas y puestas en práctica.

En este sentido, las mujeres seguimos siendo parte de un sector vulnerable y en riesgo de sufrir diferentes tipos de violencia y abuso; ahora bien; no hay que olvidar a un subsector cuya vulnerabilidad se duplica y que para su reivindicación necesariamente hay que trabajar y multiplicar los esfuerzos.

Las mujeres con alguna discapacidad son “invisibles” en las estadísticas oficiales y en las investigaciones académicas; son una población excluida y la violación a sus Derechos Humanos (DH) es una constante, más cuando se trata de acceder a la salud o a la justicia.

Si bien México suscribió en 2008 la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece la protección y aseguramiento de los DH de esta población –y en 2011 reformó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad a fin de garantizar el acceso a la justicia, la igualdad de género y el reconocimiento del lenguaje de señas—en la práctica esta población es la sexta más discriminada en el país, de acuerdo con datos oficiales.

En México, las mujeres representan el 51.1%, es decir, más de la mitad. La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010 documentó que 37% de las y los entrevistados indicó que sólo en parte se respetan los derechos de las mujeres con discapacidad y 35% dijo que nunca se respetan estos derechos. La legislación nacional establece que es obligación de las instituciones del Estado recopilar información estadística que visibilice la situación de las mujeres con discapacidad, misma que debe traducirse en la formulación de planes, programas y políticas para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

El Sistema de Información en Discapacidad del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) no contiene suficientes datos desagregados por sexo, y el Inegi no está actualizado en los temas de discriminación y violencia.

Las mujeres en situación de discapacidad experimentan violencia dentro del hogar perpetrada principalmente por los familiares, seguido de la pareja y cuidadores, quienes las violentan.

Por ejemplo Arely Rojas León, coordinadora del diagnóstico e integrante de la Agrupación Juvenil Xonaca, observa que cuando las mujeres denunciaron la violencia, no se dio seguimiento a sus casos, y no se les otorgaron canales de comunicación adecuados; es decir, no se les asignó un traductor ni les dieron materiales de difusión traducidos (en sistema Braille en el caso de las mujeres con discapacidad visual.

En su momento, María Juana Soto Santana, responsable de la Comisión de Equidad de Género del Conadis, explica que la violencia en el núcleo familiar es una de las principales problemáticas que enfrentan las mujeres con discapacidad, la cual se agrava por una “sobreprotección” por parte de la familia que inhibe la denuncia.

La funcionaria también critica la falta de profesionalización y sensibilización de funcionarios y policías en las instancias judiciales, ya que “por desconocimiento y desinterés violentan los derechos de las mujeres con discapacidad, a quienes les restan credibilidad y minimizan sus declaraciones”.

Como se puede observar, las mujeres en situación de discapacidad se ven aún más violentadas sus Derechos Humanos y sus garantías individuales, el cual se presupone que no cuentan para ellas, dadas sus condiciones físicas o mentales.

Por tal razón, es necesario y urgente poner en marcha las políticas públicas que velan por el desarrollo humano y social de todos los individuos y que el Día de la mujer sea y comience a ser días de transformación y de oportunidades para todas sin que las condiciones físicas, políticas, raciales, culturales y sociales sean un factor de discriminación para todas y todos, y con ello, comenzar a construir un mundo más equitativo cuyos resultados se traducirán en un mejor presente.

En meses anteriores, San Cristóbal fue catalogado como uno de los municipios para poner en marcha la alerta de género, que busca erradicar la violencia, feminicidios y el acoso sexual callejero, sin embargo, desde que se declaró la alerta en esta ciudad para impulsar acciones que salvaguarden la seguridad de toda mujer, la realidad es que hasta hoy en día no se percibe algo concreto y práctico para el trabajo hacia este objetivo. Cuestión que conlleva a replantear y cuestionar lo que el municipio sancristobalense está realizando en cuanto a esta problemática.

Revista Enheduanna

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