© César Martínez López

Sistema judicial en duda por supuesta protección a violadores

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Por: Flavia Morales

Cimacnoticias

El retraso en la investigación por la presunta violación sexual a una joven en el municipio veracruzano de Boca del Río deja en duda la procuración de justicia, dijo Adriana Fuente, abogada del colectivo Equifonía.

La defensora reconoció que hay un término legal de 180 días para la integración de la averiguación ministerial, y este plazo ya se venció, pues la denuncia fue interpuesta el 16 de mayo de 2015, hace casi 10 meses.

En enero de 2015, la adolescente fue privada de su libertad y atacada sexualmente por cuatro jóvenes en Boca del Río. Ella conocía a los presuntos agresores, iban en la misma escuela; pasaron cuatro meses para que venciera el miedo y se decidiera a denunciar.

A pesar de las pruebas médicas y periciales, y de los testimonios y videos donde ellos confiesan y ofrecen disculpas a la joven, los agresores sexuales siguen libres y ahora se declaran inocentes, según el testimonio de Javier Arturo Fernández Gómez, padre de la adolescente, quien hizo pública la denuncia.

Los presuntos atacantes son ahora conocidos como la banda de “Los Porkys” (en alusión a un caso de 2006 cuando unos jóvenes hijos de funcionarios asesinaron a un niño a golpes).

Y es que los señalados son hijos de empresarios influyentes: Enrique Capitaine –hijo del ex alcalde de Nautla, Felipe Capitaine–, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso.

El padre de la joven explicó que en mayo de 2015 se levantó la denuncia 592/15/1ESP/VER/05. Ahí se relata que ella fue privada de su libertad afuera de una discoteca; los agresores la sometieron y la llevaron en un auto a casa de uno de ellos en el fraccionamiento Costa de Oro y ahí la violaron.

La abogada defensora Adriana Fuente señaló que la condena de prisión por este delito va de seis a 30 años, dependiendo del veredicto del juez, sin embargo reconoció que el camino no será fácil pues la investigación continuará hasta desahogar pruebas de ambas partes, y hay casos en los que la justicia tarda hasta tres años en emitir un fallo.

Afirmó que la divulgación de una carta del padre, así como videos donde se inculpa a los jóvenes, podrían servir de prueba, pero tendrán que ser valorados por la autoridad ministerial.

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Revista Enheduanna

 

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