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Mujeres, más “fáciles” de detener y enjuiciar por narcomenudeo

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Por: Anayeli García

Foto: César Martínez

Ellas no son las líderes de los cárteles del narcotráfico, tampoco conocen de lavado de dinero ni de evasiones fiscales. Son mujeres pobres, de hogares y comunidades marginadas, con bajos niveles de educación y sin antecedentes penales, y no obstante pueden ser condenadas a por lo menos 10 años de prisión por “delitos contra la salud”.

Antes de entrar a las filas del narcomenudeo, la mayoría de estas mujeres se ganaba la vida limpiando casas, lavando y planchando ropa, preparando alimentos o en la venta informal en los cruceros viales. Así fue hasta que un familiar o su pareja las incitó a realizar una actividad vinculada con las drogas.

En el narcomenudeo las mujeres son el eslabón más débil y por tanto las más expuestas: cuidan las llamadas “tienditas”, donde se guardan y trafican los estupefacientes; son quienes esconden los envoltorios de droga en la vagina para introducirla a los penales, o guardan los paquetes más grandes en una maleta para cruzar las fronteras.

Por tanto, son las más fáciles de aprehender, llevar a juicio y encerrar en prisión, porque –dicen expertas en Derechos Humanos– sin importar que no sean las criminales de “cuello blanco”, ni las grandes narcotraficantes, al tener toda la evidencia en su contra, carecerán de una buena defensa legal y seguro afrontarán largas condenas.

Hoy suman 2 mil 13 mujeres presas por llevar consigo tan sólo unos gramos de mariguana o unas cuantas metanfetaminas, lo que supone pasar de 10 a 25 años de cárcel, y pagar de 6 mil 700 hasta 33 mil 600 pesos de multa, según el artículo 194 del Código Penal Federal.

Así, el sistema de justicia mexicano se ensaña y castiga aún más a mujeres ya de por sí excluidas socialmente, advierte Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), quien se ha dedicado a estudiar la situación de las mujeres en reclusión.

En prisión hay, en todo el país, 16 mil 746 mujeres; de ellas, 2 mil 13 fueron acusadas de “delitos de drogas”, es decir, de producir, transportar, traficar, comerciar o suministrarlas, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales de 2014.

De esas más de 2 mil mujeres, la mayoría no forma parte del crimen organizado, sino que fueron utilizadas, en ocasiones por sus propias parejas, para cometer ilícitos, elemento que –asegura Azaola– debería ser considerado por las y los impartidores de justicia.

Pero no es así. De por sí pobres, estas mujeres que se ven involucradas en estos ilícitos se someten a un sistema penal en el que enfrentan “la ceguera e insensibilidad” del personal judicial, que –prosigue Elena Azaola– bajo el argumento de que “todos deben ser tratados igual ante la ley”, las castiga con prisión sin reparar en sus condiciones particulares.

LEER NOTA COMPLETA: MUJERES PRESAS EN MÉXICO

Revista Enheduanna

 

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