POR: Lydia Cacho/Cimacnoticias
Ciudad de México.- En febrero de 2005 nos reunimos un equipo de 22 defensoras de los Derechos Humanos, todas dirigíamos refugios para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia extrema. Cuando saqué mi radio satelital y hablé de seguridad de las comunicaciones, de encriptar los datos de las víctimas, casi todas me miraron con aburrimiento.
En aquel entonces las medidas de seguridad que el periodismo me había enseñado a tomar por mi propia cuenta, después de tantas amenazas de muerte, parecían absurdas para la mayoría de colegas, hombres y mujeres.
No importaba de qué forma les explicara (por más simplificada que fuera), que las búsquedas de internet dejaban rastro, que todos nuestros correos electrónicos estaban intervenidos y los virus servían para robar carpetas de investigación enteras con nombres de víctimas, testigos y abogadas.
Gobernaba ya el PAN con Vicente Fox. Las viejas técnicas de espionaje del PRI se habían renovado gracias al acceso y uso cada vez más generalizado, de correos electrónicos y teléfonos celulares.
No una, sino varias veces, mis fuentes militares del área de investigación de la Fiscalía antidrogas perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR) me lo habían explicado: las y los periodistas y activistas por los derechos humanos estábamos, de forma natural, en las “listas negras” del centro de espionaje para la protección de la seguridad nacional, CISEN.
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