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Negar el aborto es tortura

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Por Frida Cartas

Hace un año, cuando el abogado argentino Juan Méndez dejaba el cargo de relator especial de la ONU sobre la tortura y penas crueles, u otros tratos inhumanos o degradantes, enfatizó una vez más que la negación de los servicios reales, sanciones o represalias a mujeres por un aborto legal podría equivaler a la tortura. Sí, a la tortura.

Y cuánta razón llevaba. Puesto que el aprobar Leyes de Aborto en el mundo para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo puedan hacerlo libremente y no sean penalizadas, criminalizadas o satanizadas, parece no ser suficiente para hablar de un asunto de justicia. Por ejemplo, el apartheid era legal, la esclavitud era legal, el colonialismo era legal, y eso representaba violencias, exclusión y trato inhumano para otros. Por lo tanto, el aborto puede hoy día ser legal en muchos países y eso no es un asunto de justicia para las mujeres, porque la legalidad es, ha sido y seguirá siendo un asunto de poder, no de justicia.

En muchos Estados del mundo donde el aborto es legal, siguen habiendo constantemente cientos de denuncias de violaciones a las garantías ciudadanas de estas mujeres, a sus derechos humanos más básicos como los derechos sexuales y reproductivos, que van desde el maltrato del personal médico que las atiende, hasta denuncias penales en sus propias localidades cuando viajan a practicarse el aborto a otros lugares donde este es legal.

El caso de Dafne en Querétaro, quien tuvo un parto en un baño de Liverpool, y fue condenada a 16 años de prisión, acusada de asesinato por supuestamente “querer abortar” o “no tener suficiente instinto maternal para saber que ya le tocaba parto, o saber qué hacer ahí”. Así las autoridades.

Es decir, no basta con que legislativamente se apruebe un aborto en cualquier ciudad del mundo, habrá que vigilar y exigir además que a las mujeres que se les otorga este servicio de salud le sean respetados sus derechos humanos y sus garantías ciudadanas. Las denuncias presentadas van desde enfermeras que las insultan con prejuicios y condenas morales al momento de darles un medicamento o una plática sobre métodos anticonceptivos, o médicos que al momento de hacer el procedimiento emiten juicios y opiniones que aluden a un asunto de misoginia y violencia de género; hasta mujeres que son encarceladas cuando regresan a sus casas porque su propia familia o pareja les ha denunciado, violentando así su derecho a decidir. Los casos de Veracruz, Oaxaca y Guanajuato, en México, son de los más representativos y de los más impunes. Ante el acorralamiento y desesperación de las mujeres, la muerte por un aborto clandestino es también un feminicidio por parte del Estado y los 3 niveles de gobierno, gritan las feministas con total razón.

Pero eso no es todo, en nuestro país existe además el maltrato de las autoridades en casi toda la República Mexicana, donde el aborto sólo es legal en ciertas causales como violación o riesgo de muerte, pero que está más que documentado que cuando una mujer víctima de violación acude a los ministerios públicos a pedir apoyo, se le trata más que como víctima como ¡culpable de la misma violación! Y se le somete a un verdadero calvario para hacerle valer un derecho, lo cual termina muchas veces en que la criatura nazca por lo tardado y burócrata del proceso, y con ello forzando a la víctima a una maternidad impuesta, que no deseaba, que no quería, que es producto de una violación y no de una decisión.

Resulta pues inconcebible e inaceptable que personal médico y personal que atiende los ministerios públicos, que son a fin de cuentas el personal que se carea frente a frente con estas mujeres, no sea un personal sensibilizado para guardarse sus propios prejuicios, sus ideas religiosas, o sus condenas morales y cumplir sólo con su trabajo, y peor aún, que no sean también castigados por este hecho de maltrato, juicios y represalias para con las mujeres que recurren y hacen uso del aborto.

A eso se refiere la opinión del relator de la ONU, Juan Méndez, al maltrato y humillaciones en entornos institucionales, a la infracción del secreto médico, y al laberinto de trabas administrativas y negligencia oficiales de autoridades y gobiernos, que como su mismo reporte presentado señaló acertadamente: “pueden causar enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales, provocados por motivos de género mujer”. Hasta privación de la libertad hay que añadir, y la muerte de millones de mujeres en el mundo.

Y eso, que estamos hablando de países y ciudades donde hay contextos legales, y el aborto es permitido con el amparo de una ley. Ahora imagine donde no hay nada de esto, ¿cuántas torturas y muertes habrá? ¿Cuántas mujeres torturadas y asesinadas más?

Revista Enheduanna

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