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En Chiapas se criminaliza a quienes practican el aborto

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En Chiapas 94 personas están siendo procesadas por delitos relacionados con aborto, de las cuales no se especifica cuántas son mujeres que lo solicitaron  y cuántos son profesionales de la salud, según datos que proporciona la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Así se dio a conocer en el Conversatorio “En Chiapas el aborto es legal. Una mirada desde distintos enfoques” organizado por la Red Nacional Católica de jóvenes por el derecho a decidir”, y realizado el fin de semana en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en el que especialistas en el tema expusieron y dialogaron con lxs asistentes, desde el punto legal, médico y de acompañamiento.

La abogada feminista Rocío García Cadenas expuso que en el marco legal, el mayor obstáculo para que el aborto sea despenalizado es que en el artículo 4to constitucional se le da carácter de sujeto jurídico al no nacido lo cual a su vez, violenta los derechos de la mujer.

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Otra de las debilidades jurídicas por las que a las mujeres no se nos permite practicar una interrupción legal del embarazo (ILE), es que en Chiapas no existe un reglamento que determine los mecanismos específicos ni las instancias  responsables para solicitar un ILE. A la vez, señaló que según la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos en Chiapas (DDSER) en la entidad existen 94 personas que actualmente llevan un proceso judicial por el delito de aborto.

Entrevistada por aparte, Lorena Gaspar integrante de DDSER y quien ha solicitado información a la PGJE por delitos relacionados por aborto, señaló que efectivamente según el portal de esa instancia, del 2010 a junio de 2016, hay 94 procesos relacionados por delitos x aborto, delito contra la vida y la integridad corporal, dentro de la categoría de la incidencia delictiva.

Hasta el 2013,se tenía registrado que sólo 5 eran mujeres por lo que se infiere que las demás personas son médicxs, enfermerxs y/o comadronas, sin embargo, esa información, ni el desglose de casos en los municipios, lo ha hecho pública la instancia judicial.

El aborto, un asunto de justicia social

Como parte del conversatorio, Samantha Peña Hernández, representante en Chiapas de la Red Nacional Católica de jóvenes por el derecho a decidir, expuso durante su participación que el 83% de las mujeres que se han practicado un aborto son católicas. Señaló que según el Código de Derecho canónico, “la Iglesia no te puede excomulgar” y reconoció que la jerarquía católica ha sido uno de los mayores obstáculos para la despenalización del aborto.

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Por su lado, Zedxi Fiallo y Ángeles Salinas de la DDSER expusieron que la despenalización del aborto es tanto un asunto de salud pública como de justicia social ya que “por cada aborto legal se practica 3 o 4 abortos clandestinas y son las mujeres más pobres las que pagan muchas veces con su vida. Señalaron también que es urgente erradicar la carga moral y la responsabilidad de la reproducción sólo a las mujeres.

De igual forma, estuvieron presentes integrantes de Fondo María y de Marie Stopes, hicieron hincapié en que el autocuidado en las mujeres es un acto altamente subversivo y compartieron sus experiencias como asesoras en la práctica del ILE y explicaron los avances médicos para realizarlo adecuadamente.

Revista Enheduanna

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